De los 88 municipios canarios, 47 figuran como despoblados y 23 como densamente ocupados, según el diagnóstico sobre el que el Ejecutivo regional sustenta su política demográfica. En ese contraste —medianías y cumbres que se vacían frente a litorales que colapsan— se enmarca el II Congreso sobre Reto Demográfico que el Gobierno de Canarias celebrará los días 18 y 19 de junio de 2026 en Breña Alta, en La Palma, bajo el lema Territorio y arraigo: de la estrategia a la acción.
El encuentro, coordinado por la Viceconsejería del Gabinete de la Presidencia que dirige Octavio Caraballo, da continuidad al primer congreso, celebrado en Gáldar en octubre de 2025, y llega con una diferencia sustantiva respecto a aquella cita: ya no se trata de diagnosticar el problema, sino de evaluar los primeros pasos de la Estrategia Canaria de Reto Demográfico y Cohesión Territorial, aprobada el 20 de octubre de ese mismo año.
La convocatoria se articulará en torno a cinco bloques temáticos. El primero, Narrativa del territorio, identidad y convivencia, abordará el relato simbólico del mundo rural canario. El segundo, Territorio, vivienda y equilibrio poblacional, entra en el núcleo del problema en las islas capitalinas: el acceso a una vivienda asequible y la presión poblacional sobre los suelos litorales. El tercero pondrá el foco en Talento, empleo y nuevas economías, orientado a fijar población joven cualificada. El cuarto, titulado La Canarias de los 15 minutos, recoge la tesis del urbanista Carlos Moreno y propone un modelo en el que «el acceso a los servicios esenciales se encuentre como máximo a un cuarto de hora caminando». El quinto bloque se dedicará a innovación, tecnología y anticipación territorial.
La estrategia regional parte de un enfoque dual que reconoce la naturaleza bifronte del reto en el Archipiélago: fijar población en municipios en riesgo demográfico —con casos paradigmáticos de envejecimiento acelerado como Betancuria, en Fuerteventura, o Artenara, en Gran Canaria— y, a la vez, contener la presión sobre enclaves costeros donde la huella humana supera en más de siete veces, según los datos manejados por el propio Ejecutivo, la capacidad de carga ecológica del territorio.
El Gobierno de Canarias tiene previsto tramitar en 2026 la primera Ley de Reto Demográfico del Archipiélago, norma que deberá dotar de instrumentos jurídicos estables a una política hasta ahora articulada por vía estratégica. Desde una perspectiva de derechos, el desafío que plantea el congreso de Breña Alta no se limita a la aritmética poblacional: pasa por garantizar que vivir en una medianía de La Palma, un interior de Fuerteventura o una cumbre herreña no suponga renunciar al acceso a la sanidad, la educación, el transporte o la conectividad. Es decir, que el arraigo al territorio deje de ser una decisión personal para convertirse en una política pública con herramientas medibles.
