El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, advirtió este lunes de que el Pacto Europeo de Migración y Asilo, cuya entrada en vigor está prevista para el próximo 12 de junio, puede convertir al Archipiélago en uno de «esos agujeros negros de los derechos humanos» que, a su juicio, corren el riesgo de proliferar en los territorios fronterizos de la Unión si Bruselas no afina el despliegue del nuevo marco normativo. La advertencia, de calado jurídico y político, se produjo en la jornada «Canarias ante el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo: impacto, desafíos y oportunidades», organizada por Islas Responsables Lab (IRLab) en la sede de Casa África.
Clavijo sostuvo que la aplicación del Pacto «puede suponer un antes y un después en el proyecto y los principios de la Unión Europea», y lamentó, sin entrar en el reproche frontal, que la Comisión «no haya contado con Canarias» durante la elaboración del documento, pese a la condición del Archipiélago como frontera sur marítima y región ultraperiférica reconocida por el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Conviene desbrozar el asunto: la queja no es retórica, sino institucional, y apunta al modo en que el encaje de una ruta atlántica singular —por distancia y por mortalidad— se ha resuelto, a juicio del presidente, con los mismos mimbres pensados para el Mediterráneo.
El Reglamento de Triaje, en el centro
Entre los elementos del Pacto que suscitaron mayor inquietud figura el Reglamento de Triaje, que habilita la permanencia de las personas migrantes en los dispositivos fronterizos durante hasta seis meses, frente al entorno aproximado de un mes que computan hoy los centros canarios. Un salto, a efectos prácticos, que multiplicaría por seis la presión sobre las instalaciones del Archipiélago y que obliga —este es el argumento del Ejecutivo autonómico— a repensar la lógica de reparto entre Estados miembros antes de que el dispositivo eche a andar.
El presidente insistió en la necesidad de una «distribución segura» de los menores no acompañados entre los socios comunitarios, un asunto que no es menor: Canarias viene reclamando desde hace meses, tanto en Madrid como en Bruselas, corresponsabilidad real y no meramente declarativa en la acogida de la infancia migrada. La demanda se ancla en una evidencia geográfica difícilmente discutible —la ruta atlántica es la más letal de cuantas confluyen en Europa— y en una tesis jurídica que el Gobierno canario ha venido formulando con creciente insistencia: la ultraperiferia no puede invocarse solo para reivindicar ayudas, también debe pesar a la hora de repartir cargas.
Un foro con sello institucional
A la apertura de la jornada asistieron el director general de Casa África, José Segura, y el viceconsejero de Relaciones con África, Luis Padilla, junto con representantes de la Policía Nacional y de organizaciones especializadas como Oxfam, CEAR, ACNUR y el Consejo Europeo para los Refugiados y Exiliados (ECRE), lo que conecta el debate autonómico con la arquitectura internacional del derecho de asilo. El elenco, decididamente técnico, sitúa la intervención de Clavijo fuera del registro partidista y más cerca del territorio propio de los juristas y los organismos humanitarios.
No escapará a nuestros lectores el recordatorio, deslizado en la jornada, de que la entrada en vigor del Pacto coincidirá con la visita a Canarias del papa León XIV, un solapamiento simbólico que el Gobierno autonómico no ha explotado, pero que tampoco pasará inadvertido en las cancillerías más atentas al pulso de la frontera sur europea.
Qué se juega el Archipiélago
La comparecencia del presidente deja, en términos políticos, tres derivadas que conviene no confundir. La primera, jurídica: cómo se traspone un reglamento comunitario pensado en clave mediterránea a una región ultraperiférica atlántica. La segunda, financiera: qué encaje tendrá el nuevo marco en el Régimen Económico y Fiscal y en el reparto de fondos europeos de gestión migratoria. La tercera, reputacional: si Canarias permitirá que el Pacto la deje, como denunció este lunes Clavijo, a la intemperie del derecho europeo.
El Ejecutivo autonómico ha situado, en suma, un aviso a navegantes con destinatario triple —Bruselas, Madrid y la opinión pública canaria—, y lo ha hecho en el foro adecuado y con el tono mesurado. Queda por ver si alguno de los tres, llegado el 12 de junio, se dará por aludido.
