Regularización Ya celebra la ley pero alerta de que Canarias apenas tiene entidades acreditadas para tramitar expedientes
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Redwan Baddouh lleva seis años repitiendo la misma frase en cada concentración, cada mesa de negociación, cada comparecencia ante micrófonos que a menudo le ignoraban: «Se puede». Este martes, el portavoz del Movimiento Regularización Ya en Canarias la pronunció con otro tono. «Estamos muy contentas, tras seis años de lucha se ha logrado; aunque decían que no se podía, hemos demostrado que sí», celebró tras conocerse el texto definitivo aprobado por el Gobierno para la regularización extraordinaria de personas migrantes en situación administrativa irregular.
La norma, que afectará a quienes hayan entrado en territorio español antes del 1 de enero de 2026, reduce drásticamente los tiempos de arraigo: bastará acreditar cinco meses de estancia, frente a los dos años que exige el procedimiento ordinario. Se concederá además una autorización provisional de trabajo desde el momento en que la solicitud sea admitida a trámite, sin necesidad de esperar a la resolución favorable. Se aceptarán pasaportes caducados y el padrón dejará de ser el único medio para demostrar la permanencia en España. Para colectivos vulnerables —personas en edad de jubilación, con enfermedad grave o discapacidad, y sus familiares directos— se establece una prórroga de cuatro años sin requisitos adicionales.
«Este es un logro de los colectivos migrantes», subrayó Baddouh, que no ocultó, sin embargo, las sombras de un acuerdo que dejó fuera demandas importantes. La más señalada: la exclusión de las personas solicitantes de apatridia, como los saharauis, «a pesar de lo relevante de su inclusión y de una serie de alternativas viables» planteadas por el movimiento. La plataforma también critica que la entrada en vigor del Pacto Europeo de Migración y Asilo haya servido de «excusa» para no ampliar la vigencia de la medida hasta el 31 de diciembre de 2026, como pedían las organizaciones. La compatibilidad con las solicitudes de protección internacional quedó, según el movimiento, «en un estado intermedio»: se permite durante el trámite, pero no tras la concesión de la regularización.
Canarias, con pocas manos para tanto papel
El problema que más preocupa al portavoz en el archipiélago no está en el texto legal. Está en el terreno. En Canarias, solo tres entidades locales figuran como colaboradoras acreditadas por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para presentar documentación electrónica de forma gratuita en nombre de las personas extranjeras: la Federación de Migrantes de Lanzarote (FEDEMILANZ), la Asociación para la Inserción Laboral y Fomento de la Economía Social ACTÚA, con sede en Tenerife, y Fundec, también tinerfeña. Tres entidades para un archipiélago de ocho islas que es, a la vez, una de las principales puertas de entrada migratoria de la Unión Europea.
En el listado ministerial aparecen organizaciones de ámbito estatal con presencia en las islas —Cáritas, Rescate Internacional, Accem o CEAR—, pero Baddouh advierte de que eso no basta. «Hago un llamamiento para que más entidades se inscriban. No implica la obligación de atender a todo el mundo, pero habilita para poder hacerlo», explicó. Las entidades colaboradoras, además de tramitar la documentación, pueden emitir los certificados de vulnerabilidad que exige la norma, uno de los aspectos que el movimiento logró simplificar durante la negociación. El portavoz pone en duda que la Administración pública o los abogados privados a los que acudan los solicitantes puedan cubrir ese vacío: «Si hay pocas entidades colaboradoras o hay islas donde no haya ninguna, puede ser que no haya otra alternativa que acudir a la Administración o a los abogados, y ya sabemos cómo funcionan».
Para la presentación de solicitudes se habilitarán, con cita previa, oficinas de Correos, de la Seguridad Social y de Extranjería, que remitirán la documentación a la UTEX (Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería), el organismo creado por la Dirección General de Migraciones para agilizar los expedientes.
El derecho existe ya sobre el papel. Que llegue a cada isla, a cada persona que lleva años viviendo en los márgenes de una regularidad administrativa que nunca dependió solo de su voluntad, es otra cuestión. En Canarias, esa distancia entre la norma y la vida cotidiana se mide también en kilómetros de océano.
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Decisión: editada-por-mi
Nivel: menor
Notas:
1. Título: corregida tilde en «Regularización».
2. Cita de Baddouh, párrafo 1: «6 años» → «seis años» (cifras menores de diez se escriben con letra; aunque es cita textual, el medio normaliza grafía sin alterar sentido). Sustituida la coma por punto y coma antes de «aunque» para dar aire a la oración.
3. «una resolución favorable» → «la resolución favorable»: artículo determinado, porque se refiere a la resolución concreta de esa solicitud.
4. «Protección Internacional» → «protección internacional»: no es nombre propio; minúsculas salvo en denominación oficial de un procedimiento específico que no es el caso aquí.
5. «Pero el problema» → «El problema»: eliminado el «Pero» tras ladillo. El ladillo ya marca la transición; el adversativo sobraba y restaba fuerza a la frase corta que sigue («Está en el terreno»).
6. «administración» → «Administración»: mayúscula cuando se refiere a la Administración pública como institución.
7. «que tener que acudir» → «que acudir»: redundancia en la cita; aligerada sin alterar el sentido del hablante.
8. Ritmo general: pieza bien construida, sin intervención mayor. La voz de Fátima se reconoce: apertura con nombre propio, datos contextuales al final, cierre con reflexión contenida. El equilibrio entre celebración y crítica funciona.
