El Servicio Canario de la Salud (SCS) destinará 9.143.280,78 euros a la compra centralizada de gasoil clase A para los nueve hospitales públicos del archipiélago durante los próximos dos años, según la licitación publicada este lunes por la Consejería de Sanidad. El acuerdo marco, articulado bajo la fórmula de contratación centralizada, prevé un consumo estimado de 5.178.268 litros y sustituye al contrato vigente, que expira el 30 de junio de 2026.
La licitación responde a una lógica administrativa asentada en la sanidad pública canaria desde hace años: agregar en un único procedimiento las necesidades de combustible de los centros hospitalarios para obtener mejor precio, reducir costes de gestión y blindar el suministro ante eventualidades. En un territorio fragmentado en siete islas, con dependencia energética del exterior y costes logísticos superiores a la media estatal, la centralización de este tipo de contratos se ha convertido en una herramienta habitual del SCS.
El gasoil clase A no alimenta calderas ni vehículos sanitarios: se reserva para los grupos electrógenos de emergencia, los sistemas críticos que deben entrar en funcionamiento ante cualquier caída del suministro eléctrico. Es decir, garantiza que quirófanos, unidades de cuidados intensivos, incubadoras neonatales y respiradores continúen operando si se produce un corte. Desde una perspectiva de derechos, hablamos de la infraestructura silenciosa que sostiene el derecho a la asistencia sanitaria universal recogido en el artículo 43 de la Constitución.
Reparto por hospitales
El desglose del contrato dibuja con nitidez el mapa hospitalario canario y el peso relativo de cada centro. El Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil, en Las Palmas de Gran Canaria, se lleva la partida más alta: 2.561.291,75 euros. Le sigue el Hospital Universitario Doctor José Molina Orosa, en Lanzarote, con 1.777.532,02 euros, una cifra llamativa que refleja la exigencia energética de un centro de referencia insular sin el colchón asistencial de los grandes complejos capitalinos.
El Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín absorberá 1.589.131,64 euros y el Hospital General de Fuerteventura, 1.378.995,47 euros. En la provincia occidental, el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria recibe 829.879,86 euros, seguido del Hospital Universitario de La Palma con 593.275,81 euros. El Hospital Nuestra Señora de Guadalupe (La Gomera) consumirá 300.169,31 euros, mientras que el Hospital Universitario de Canarias se queda en 105.942,11 euros y el Hospital Insular Nuestra Señora de los Reyes (El Hierro) cierra la tabla con 7.062,81 euros.
La asimetría entre los 2,5 millones del Insular-Materno Infantil y los apenas 7.000 euros del hospital herreño resume también una cartografía de la dependencia: cuanto mayor es la complejidad asistencial y el equipamiento, mayor la necesidad de respaldo energético ante la intermitencia del sistema eléctrico.
Un contrato marco para dos años
El modelo elegido, el acuerdo marco, permite al SCS fijar condiciones homogéneas con uno o varios proveedores durante la vigencia del contrato y activar los suministros a demanda de cada centro. Es el mismo mecanismo que el Servicio utiliza para compras masivas de material sanitario, farmacéutico o energético, y que la normativa de contratación pública española incorporó con especial fuerza tras la Ley 9/2017.
La licitación se enmarca, además, en un contexto de presión creciente sobre el suministro energético del archipiélago. El sistema eléctrico insular ha encadenado en los últimos años episodios de inestabilidad —el llamado cero energético de Tenerife en 2019 sigue en la memoria institucional— que han reforzado el papel de los generadores de emergencia como última línea de defensa de la red asistencial.
Lo que queda por ver
La publicación de la licitación abre ahora el plazo de presentación de ofertas. La adjudicación definitiva, que el SCS aún no ha comunicado, determinará qué operadores se encargan del suministro y permitirá valorar el ahorro real frente al contrato precedente. Quedan por verificar tres cuestiones de interés público: el precio finalmente adjudicado por litro, el grado de concurrencia —clave en un mercado de distribución energética especialmente concentrado en Canarias— y las cláusulas medioambientales incorporadas al pliego, en un momento en el que el Gobierno autonómico presume de hoja de ruta hacia la descarbonización.
La propuesta de política pública, llegados a este punto, es evidente: un contrato que garantiza la continuidad asistencial debería servir también de palanca para acelerar la transición energética de los hospitales, combinando gasoil de respaldo con almacenamiento en baterías y fotovoltaica de autoconsumo. La centralización de la compra lo hace, precisamente, más fácil.
