Suena el timbre del CEIP César Manrique de Puerto de la Cruz y los niños salen al patio. Sobre sus cabezas, sin que ellos lo sepan, hay 3.382 metros cuadrados de cubierta de amianto que el Ayuntamiento se ha propuesto retirar antes de que el problema se convierta en otra cosa. La operación tiene precio: cerca de 400.000 euros, según el contrato adjudicado por el Área de Ciudad Sostenible.
El consistorio portuense ha adjudicado a la empresa Actividades de la Construcción, Tejados y Servicios SLU las obras de desamiantado del colegio, centradas en la cubierta del comedor escolar. La actuación afecta a 3.382,25 metros cuadrados y tiene un presupuesto de ejecución de casi 400.000 euros, según consta en la documentación municipal hecha pública el pasado 27 de abril.
El primer teniente de alcalde y concejal del área, David Hernández, ha enmarcado la decisión en un objetivo más amplio: la eliminación progresiva del amianto en todos los centros educativos del municipio. «Estamos trabajando de forma decidida para eliminar por completo el amianto de todos los centros educativos», ha señalado el edil, que ha definido la actuación como «un compromiso irrenunciable con la salud pública y la infancia».
Por qué importa el material
El amianto —fibrocemento, uralita en el lenguaje de obra de toda la vida— fue durante décadas el material estrella de cubiertas, depósitos y canalizaciones en colegios, polideportivos y naves de toda España. Su retirada dejó de ser una recomendación para convertirse en obligación normativa con la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Su Disposición Adicional 14ª obliga a los ayuntamientos a elaborar un censo de instalaciones —públicas y privadas— con presencia de este material y un calendario de retirada que priorice las que están en peor estado y las que afectan a colectivos vulnerables. Niños y docentes, en lo alto de esa lista.
Los números lo dicen claro: la mayoría de ayuntamientos canarios todavía no han remitido ese censo. Puerto de la Cruz, según ha recordado el propio Hernández, fue el primero del archipiélago en completarlo y enviarlo, abarcando tanto el ámbito público como el privado. «Avanzamos en el cumplimiento de este censo —ha añadido el concejal— hacia un Puerto de la Cruz más seguro».
Del papel al tejado
El paso del censo a la obra es, en la práctica, donde se rompen la mayoría de planes municipales del país. Censar es barato; desamiantar, no. La factura de 400.000 euros que asume el consistorio para una sola cubierta da una idea del orden de magnitud al que se enfrentarán los ayuntamientos cuando empiecen a abrir el cajón de los colegios construidos entre los años setenta y noventa.
El protocolo no es trivial. La retirada de amianto en activo —es decir, mientras las fibras siguen ahí, encapsuladas en la matriz de cemento— exige empresa autorizada inscrita en el Registro de Empresas con Riesgo de Amianto (RERA), plan de trabajo aprobado por la autoridad laboral, confinamiento de la zona, equipos de protección individual específicos y gestión del residuo como peligroso hasta su depósito final. Cualquier atajo se paga en salud y en sanción.
En el caso del César Manrique, el grueso de la intervención se concentra en el techo del comedor, una de las piezas más sensibles de cualquier centro escolar por la concurrencia diaria de alumnado y personal de cocina. La nota municipal no detalla plazos de ejecución ni calendario de cierre del comedor durante los trabajos.
Lo que viene
Puerto de la Cruz se sitúa así, sobre el papel, un paso por delante del resto de municipios canarios en el cumplimiento de la Ley 7/2022. Queda por ver cuánto tarda el resto del archipiélago en pasar de la fase de inventario a la de obra y, sobre todo, cómo se financia un esfuerzo que, multiplicado por los cientos de cubiertas escolares con uralita que aún quedan en pie en las islas, va a tensionar más de un presupuesto municipal.
De momento, en el norte de Tenerife, el Ayuntamiento ha firmado el contrato. La cubierta sigue ahí. Los niños, también.
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