El viento del noreste bate las aristas de Puerto del Rosario con la misma constancia con la que las arcas municipales procesan, factura a factura, los pagos a sus proveedores. La capital majorera ha cerrado el primer trimestre de 2026 con un periodo medio de pago (PMP) de 23,73 días, una cifra que sitúa al consistorio por debajo del umbral de los treinta días que marca la Ley 15/2010 de lucha contra la morosidad.
El dato, hecho público este jueves por el Ayuntamiento, supone una mejora notable respecto al mismo trimestre del año anterior, cuando el PMP se situaba en 34,77 días, por encima del límite legal. La tendencia consolida la trayectoria iniciada en el tercer trimestre de 2025, cuando Puerto del Rosario llegó a reducir el indicador hasta los 20,67 días.
La cifra municipal contrasta también con la media nacional publicada por el Ministerio de Hacienda, correspondiente a enero de 2026, que se situó en 30,45 días. Puerto del Rosario queda, por tanto, casi siete días por debajo de la referencia estatal.
Un indicador técnico con traducción política
El concejal de Economía y Hacienda, Juan Manuel Verdugo, ha presentado los datos como el reflejo de una estrategia deliberada y sostenida en el tiempo. «Mantener un PMP tan reducido es una prioridad estratégica», ha afirmado. «No se trata solo de cumplir con la ley, sino de inyectar liquidez en nuestros proveedores, fortalecer la economía local y optimizar el uso de cada euro público».
El alcalde, David de Vera, ha situado la medida en un marco más amplio: el de la relación del Ayuntamiento con el tejido productivo del municipio. «Uno de los objetivos prioritarios de este gobierno es restaurar y fortalecer la confianza del tejido económico», ha declarado.
Qué es el PMP y por qué importa
El periodo medio de pago mide los días que tarda una administración en abonar las facturas a sus proveedores una vez registradas. La Ley 15/2010, que adaptó la normativa europea contra la morosidad en las operaciones comerciales, fija el tope en 30 días. Superarlo conlleva obligaciones de transparencia, planes de ajuste y, en los casos más graves, medidas correctivas desde Hacienda.
Para un municipio como Puerto del Rosario, donde buena parte de los proveedores son pymes y autónomos locales —desde empresas de mantenimiento a suministradores de material de obra, pasando por el pequeño comercio que factura al consistorio—, cada día que se acorta el PMP es liquidez que vuelve a la calle. En una economía insular como la majorera, de tejido empresarial minifundista y dependencia estacional del turismo, la tesorería municipal funciona como engranaje silencioso que mantiene a flote a decenas de pequeñas firmas.
La cuenta pendiente de los ayuntamientos canarios
La morosidad institucional ha sido durante años una de las denuncias recurrentes de la patronal canaria. En el archipiélago, los plazos de pago de las administraciones locales han oscilado con fuerza, con consistorios que llegaron a rozar los tres dígitos en el indicador durante los peores momentos del ciclo económico. La imagen del pequeño empresario esperando meses por una factura municipal forma parte, aún hoy, de la memoria reciente de muchas islas.
En ese contexto, los 23,73 días comunicados por Puerto del Rosario envían una señal tangible. No hay en ellos ni épica ni gesto: hay disciplina administrativa y un compromiso con el ritmo al que respiran los proveedores. En una capital que mira al mar y se levanta, como toda Fuerteventura, a fuerza de viento, la puntualidad en los pagos es también una forma de respeto al trabajo del otro.
