El Gobierno de Canarias ha activado un control estricto sobre el movimiento de material vegetal de vid en todo el archipiélago con el objetivo de contener la filoxera, la plaga que en el verano de 2025 reapareció en Tenerife tras más de un siglo de ausencia en las islas. La medida, articulada a través de un protocolo actualizado por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, zonifica el territorio en cinco categorías —Infestada, Tampón, Demarcada, Afectada y Libre— e impone trazabilidad exhaustiva a viveros, viticultores y transportistas.
Los fundamentales del viñedo canario indican una exposición relevante al riesgo. Solo Tenerife concentra seis Denominaciones de Origen Protegidas —Tacoronte-Acentejo, Tenerife, Ycoden-Daute-Isora, Valle de la Orotava, Valle de Güímar y Abona—, a las que se suman las del resto de islas, sobre un tejido de explotaciones pequeñas, altamente atomizado y con costes unitarios de producción por encima de la media continental. Cualquier disrupción en la cadena de material vegetal tensiona directamente márgenes y rentas.
Según los últimos datos facilitados por la Consejería, se han ejecutado 7.817 prospecciones en el conjunto del archipiélago, con 89 positivos confirmados —un 1,1% del total—, todos ellos localizados en Tenerife y ya tratados o eliminados. La plaga está presente en tres DOP tinerfeñas: Tacoronte-Acentejo, Valle de la Orotava y Valle de Güímar. El perímetro de control se establece en 500 metros alrededor de las plantas infectadas, con una zona tampón adicional de hasta un kilómetro.
El protocolo obliga a comunicación previa mediante formulario oficial y a autorización expresa de la Dirección General de Agricultura para cualquier traslado. El material vegetal destinado a plantación debe presentarse libre de tierra, en manojos homogéneos y con termoterapia previa —inmersión en agua a 50 ºC— cuando proceda. Entre islas se prohíbe con carácter general el movimiento de plantas, esquejes, patrones y uva fresca, salvo autorización excepcional debidamente justificada; desde Tenerife hacia el resto del archipiélago la prohibición es total. En las zonas demarcadas, además, no podrán plantarse nuevas vides durante un mínimo de doce meses.
La Consejería que dirige Narvay Quintero ha encargado a la empresa pública Gestión del Medio Rural de Canarias (GMR Canarias) la ejecución de los trabajos de control y erradicación durante 2026 por un importe de 1,1 millones de euros. La partida cubre prospecciones, toma de muestras de suelo y aéreas, aplicación de tratamientos fitosanitarios, destrucción in situ de cepas infectadas y delimitación de zonas. El Consejo Regulador de la DOP Tacoronte-Acentejo —la más expuesta, con una situación mixta dentro del mapa de zonificación— ha respaldado públicamente la gestión del Ejecutivo canario.
La lectura económica es directa. El coste fiscal del dispositivo es moderado en términos absolutos, pero el retorno esperado, medido como valor a salvaguardar en producción vitivinícola y empleo asociado, es desproporcionadamente superior. La filoxera, sin control, destruyó en el siglo XIX la práctica totalidad del viñedo europeo y forzó la sustitución por patrones americanos resistentes, una reconversión que Canarias —precisamente por haber escapado a la plaga histórica— no ha necesitado realizar. Buena parte del valor diferencial del vino canario, y por tanto su prima de precio frente a producciones continentales, descansa sobre pies francos y variedades prefiloxéricas.
En escenario base, con contención disciplinada y cumplimiento del protocolo por parte del sector, el impacto queda acotado al foco tinerfeño y la campaña 2026 se cierra con pérdidas asumibles. En escenario optimista, la erradicación efectiva permitiría relajar restricciones en islas sin positivos a medio plazo. El escenario pesimista —dispersión a otras islas por incumplimiento o vectores no controlados— abriría una reconversión del viñedo canario hacia patrones resistentes con un coste que superaría con amplitud los 1,1 millones presupuestados y comprometería el posicionamiento premium de las DOP del archipiélago durante una década. La disciplina en la aplicación del protocolo es, en este caso, la inversión con mejor ratio coste-beneficio disponible sobre la mesa.
