Decía Raymond Aron que la tentación recurrente de los gobernantes ante cualquier horizonte turbulento es reclamar manga ancha para gastar primero y explicarse después. La Federación Canaria de Islas (FECAI), que agrupa a los siete cabildos del archipiélago, ha acordado en su última Asamblea General solicitar formalmente al Gobierno central la suspensión temporal de la regla de gasto, invocando el impacto de la actual crisis geopolítica —singularmente el conflicto en Irán y sus derivadas en los mercados energéticos, sin olvidar la guerra en Ucrania— sobre las finanzas de las corporaciones insulares.
El acuerdo, defendido por la presidenta de la FECAI, Lola García, pide expresamente al Ministerio de Hacienda dos cosas que conviene no confundir: de un lado, levantar la regla del gasto para que los cabildos puedan disponer de sus remanentes de tesorería sin las limitaciones que impone la normativa de estabilidad presupuestaria; de otro, flexibilizar con carácter general el principio de estabilidad incorporando —se lee en la resolución— las singularidades económicas, fiscales y territoriales del archipiélago, es decir, la condición ultraperiférica reconocida en el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y el blindaje del Régimen Económico y Fiscal en la disposición adicional tercera de la Constitución.
Conviene desbrozar el asunto: la regla del gasto no es un capricho administrativo madrileño, sino un mecanismo derivado del marco de disciplina presupuestaria europeo que el Reino de España incorporó a su ordenamiento mediante la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, tras la reforma constitucional del artículo 135 aprobada en 2011 por los dos grandes partidos. Toda suspensión —lo recuerdan Bruselas y el propio Tesoro cuando se les pregunta— requiere concurrencia de circunstancias extraordinarias y su activación formal. La FECAI invoca precisamente dos precedentes recientes: el levantamiento de la cláusula general de salvaguardia durante la pandemia de la COVID-19 y la prórroga aplicada tras la invasión rusa de Ucrania, ambos con cobertura comunitaria.
Lola García ha defendido el acuerdo con un argumento que a nuestros lectores resultará familiar: «para que podamos utilizar los remanentes de tesorería sin limitaciones, garantizando la capacidad de respuesta ante las necesidades de nuestra población». La tesis institucional es que el encarecimiento del transporte, la energía y los suministros básicos golpea con particular severidad a un territorio ultraperiférico, fragmentado y dependiente, y que las medidas del Estado no incorporan ese hecho diferencial.
La petición, con todo, se adentra en terreno resbaladizo. El Ejecutivo central debe presentar sus cuentas en un escenario de vigilancia fiscal reforzada por parte de la Comisión Europea tras la reactivación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en 2024, y cualquier flexibilización selectiva en favor de entidades locales exigiría acuerdo previo con el Ministerio de Hacienda y encaje en el marco comunitario. La experiencia demuestra que el reclamo de excepciones territoriales, por legítimo que sea, suele tropezar con la letra pequeña del principio de igualdad del artículo 149.1.14.ª de la Constitución.
Los siete cabildos —Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera y El Hierro— comparten, pese a sus diferencias de color político, una misma queja histórica: que los superávits acumulados por la gestión prudente de las islas permanezcan congelados en las arcas mientras se acumulan las necesidades pendientes en carreteras, vivienda y sector primario. La pregunta, una vez atendida la súplica, será otra: si lo que Canarias necesita es una excepción coyuntural cada vez que el mundo tiembla, o un marco fiscal estable que reconozca de una vez, y sin sobresaltos, que el archipiélago no es una provincia más del mapa peninsular.
