Más de 200.000 viviendas permanecen vacías o infrautilizadas en el archipiélago, según los datos que maneja la propia Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad. Ese es el perímetro del problema sobre el que el Gobierno de Canarias pretende actuar con la Bolsa Activa de Vivienda Asequible, el instrumento que el Consejo de Gobierno abordó el pasado lunes 20 de abril y cuyo servicio integral saldrá a licitación por 1,8 millones de euros, por dos años prorrogables.
El consejero del área, Pablo Rodríguez (Coalición Canaria), informó al Ejecutivo de los pliegos, que gestionará la empresa pública Visocan. El contrato cubre el ciclo completo de una vivienda incorporada a la bolsa: diagnóstico territorial, captación del inmueble, captación y preevaluación de las personas demandantes, intermediación entre propietarios e inquilinos, formalización del contrato y seguimiento del arrendamiento. Es, en la práctica, un servicio público de intermediación inmobiliaria que sustituye al mercado en el tramo más tensionado: el del alquiler estable con precios por debajo de los de referencia.
Garantías al propietario como eje del diseño
La apuesta del departamento de Rodríguez descansa sobre una hipótesis clara: sin ofrecer seguridad jurídica y económica a quien posee los inmuebles, no habrá forma de convencerle para volcar esas viviendas a un alquiler residencial de larga duración. Por eso el contrato incorpora garantías de cobro y de devolución del inmueble al término del arrendamiento, dirigidas a propietarios que retiraron sus pisos del mercado por temor a impagos u ocupaciones. A cambio, la bolsa exigirá precios por debajo de los de mercado y una preevaluación técnica de las personas arrendatarias, con criterios objetivos de ingresos y situación familiar.
El marco beneficiario es explícito: residentes canarios con ingresos limitados. El matiz importa, porque ancla la función social de la vivienda en el acceso real de quienes viven y trabajan en las islas, y no en un genérico rescate de demanda.
Un parche para un problema estructural
Desde una perspectiva de derechos, la Bolsa Activa llega tarde a una emergencia que venía anunciada en los registros estadísticos. El parque del Instituto Canario de la Vivienda apenas ronda las 4.000 unidades en distintas fases —unas 2.000 proyectadas y otras tantas en construcción—, una cifra muy por debajo de las necesidades diagnosticadas por el propio Ejecutivo y del estándar que marca el Consejo de Europa para regiones con tensión residencial severa. La Comunidad Autónoma se sitúa así muy lejos del umbral recomendado: movilizar lo ya construido es, efectivamente, la vía más rápida, pero también la menos ambiciosa en términos de política pública de vivienda.
La presión sobre el alquiler residencial convive, además, con una demanda turística creciente que en Tenerife y en las zonas metropolitanas de ambas capitales ha absorbido durante los últimos años una parte relevante del stock. El Ejecutivo autonómico y los cabildos insulares vienen apuntando a la reordenación del alquiler vacacional como pieza complementaria, pero esa conversación —con regulación todavía pendiente de desarrollo reglamentario— no forma parte del pliego aprobado en el Consejo de Gobierno.
Del sorteo a la baremación: un cambio silencioso
La Bolsa Activa se encuadra dentro de un paquete más amplio de reformas que el departamento de Vivienda ha ido encadenando en los últimos meses. La más relevante, aprobada en marzo, sustituye el sorteo como mecanismo de adjudicación de vivienda pública por un sistema de puntuación basado en criterios objetivos de carácter económico, social y familiar, una reivindicación histórica de entidades como Cáritas y Provivienda. A ella se suman la agilización de licencias urbanísticas, las medidas de emergencia habitacional aprobadas en 2024 y el anuncio de una Hipoteca Joven Canaria con aval público de hasta el 95%.
El conjunto dibuja una política de vivienda en construcción, con piezas de distinta densidad y un punto débil evidente: depende de la capacidad real de Visocan para atraer a los propietarios y de la velocidad de ejecución presupuestaria. La Bolsa Activa será útil en la medida en que logre incorporar un volumen significativo de inmuebles en un plazo corto; es decir, en la medida en que los 1,8 millones presupuestados se traduzcan en contratos firmados y familias realojadas, y no en un nuevo folleto institucional.
Una política pública seria exigiría, además de este instrumento, un horizonte plurianual de inversión en vivienda protegida de promoción pública y una evaluación independiente de resultados al cabo del primer ejercicio. Sin esos dos anclajes, la bolsa corre el riesgo de convertirse en una pieza estética dentro de una emergencia que pide respuestas estructurales.
