A menos de dos meses de que el Pacto Europeo de Migración y Asilo entre en vigor —el próximo 12 de junio—, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha situado al archipiélago en el centro de la disputa sobre cómo debe gestionar la Unión Europea sus fronteras exteriores. Lo ha hecho con una advertencia directa: el nuevo marco puede convertir a territorios como Canarias en «agujeros negros de los derechos humanos».
Clavijo intervino este lunes 20 de abril en Casa África, en Las Palmas de Gran Canaria, durante la jornada «Canarias ante el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo», organizada por Islas Responsables Lab (IRLab). Ante representantes de la sociedad civil, administraciones y tercer sector, el presidente canario sostuvo que la aplicación del Pacto «puede suponer un antes y un después en el proyecto y los principios» de la Unión Europea, y advirtió de que el 12 de junio marcará «una involución en los derechos humanos».
El argumento central del presidente apunta al diseño del sistema de triaje y retención previsto por la norma comunitaria, que contempla la permanencia de solicitantes de asilo en centros temporales durante plazos de hasta seis meses. Para Clavijo, el problema no es teórico: son las regiones fronterizas, como el archipiélago, las que acabarían albergando «esos espacios de retención, esos agujeros negros de los derechos humanos» que el Pacto deja abiertos sin un debate suficiente. «Estamos preocupados por la ausencia de debate», insistió, al reprochar que las regiones de entrada no hayan sido escuchadas en la negociación.
Desde una perspectiva de derechos, la crítica apunta también al mecanismo de «solidaridad flexible» que permite a los Estados miembros aportar 20.000 euros por cada persona migrante cuya acogida rehúsen. Clavijo consideró que esa fórmula «consolida una Europa desigual» y traslada el mensaje de que «los países con más recursos pueden pagar» para mantener alejadas las migraciones de sus calles. La denuncia, en sus palabras, describe una «Europa rica» que compra a las regiones y Estados periféricos la gestión de aquello que no quiere ver.
El presidente canario enmarcó su intervención en la especificidad de la ruta atlántica, cuyas características —recordó— son «muy diferentes» a las del Mediterráneo, tanto por la distancia geográfica como por la alta mortalidad que acumula. Una lectura que, en clave institucional, supone reclamar al Gobierno central y a Bruselas un tratamiento diferenciado para el archipiélago dentro del nuevo marco comunitario, así como un reconocimiento explícito del papel que desarrollan a diario Salvamento Marítimo, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las organizaciones del tercer sector en la atención a las llegadas.
La reivindicación más concreta del presidente se situó en el terreno de la infancia. Clavijo agradeció a las ONG su apoyo para exigir que el Pacto incluya un acuerdo europeo que permita distribuir de forma segura a los menores migrantes no acompañados, no solo entre las comunidades autónomas españolas, sino también entre los Estados miembros de la Unión. Una propuesta de política pública que sitúa a Canarias en la posición de forzar un debate que, hasta ahora, ha quedado acotado al Consejo Interterritorial y al reparto interno entre autonomías.
El presidente apeló además a la memoria migratoria del archipiélago —»nosotros mismos tuvimos que emigrar»— para reforzar la exigencia de corresponsabilidad europea, y aludió a la reducción del 25% de los fondos estadounidenses de ayuda humanitaria como un factor añadido de presión sobre los países de origen y tránsito. En la misma línea, manifestó su deseo de que el Papa León XIV incluya, en su visita a Canarias del 11 y 12 de junio, un mensaje sobre «civismo, moralidad y respeto» coincidiendo con la entrada en vigor del Pacto.
La advertencia de Clavijo llega en un momento en que el reparto de menores no acompañados sigue pendiente de concreción práctica y en que el archipiélago reclama, desde hace meses, un marco estable de corresponsabilidad estatal y europea. La tesis del Gobierno canario es clara: sin reforma del Pacto en los puntos señalados, la política migratoria común europea corre el riesgo de consolidarse sobre las espaldas de sus regiones más vulnerables.
