En Canarias, donde cada habitante vive a menos de 30 kilómetros del mar y el litoral concentra buena parte de la presión urbanística, turística y económica del archipiélago, la gestión de los vertidos desde tierra hacia la costa se ha convertido en uno de los frentes ambientales más sensibles. La Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, en colaboración con la Universidad de La Laguna (ULL) y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), ha formalizado un programa de tres microcredenciales universitarias para formar a profesionales en la gestión integral de vertidos desde tierra al mar. Su tercera edición arrancará el próximo 25 de mayo.
El programa, titulado «Gestión integral de vertidos desde tierra al mar», se imparte en modalidad 100% online y está orientado a profesionales y personas interesadas en adquirir competencias técnicas y normativas en una materia hasta ahora poco cubierta por la oferta formativa reglada en las islas. Las tres acciones formativas abordan, de forma escalonada, la normativa de gestión integral de vertidos desde tierra al mar, la caracterización de los vertidos y los estudios ambientales previos a su autorización. Las dos primeras microcredenciales ya se han impartido o están en desarrollo; la tercera abre ahora plazo de inscripción.
Desde una perspectiva de derechos, el acceso a información ambiental rigurosa y a profesionales formados es una garantía básica para que los municipios costeros, las administraciones insulares y las empresas concesionarias puedan cumplir con los estándares europeos de calidad de las aguas. La codirectora académica del programa por parte de la Universidad de La Laguna, Cintia Hernández Sánchez, ha subrayado el enfoque aplicado de los contenidos, diseñados para que el alumnado pueda incorporarse de forma inmediata a tareas de evaluación, control y autorización administrativa.
Por parte del Gobierno de Canarias, el director general de Calidad Ambiental, Ángel Montañés, ha destacado la utilidad de la colaboración con las dos universidades públicas canarias para construir una red estable de especialistas en un ámbito en el que la Comunidad Autónoma ejerce competencias propias y delegadas. La iniciativa se inscribe en la política de protección del litoral que la Consejería viene desplegando, en un contexto en el que el archipiélago acumula expedientes pendientes de regularización de emisarios submarinos y depuradoras, especialmente en zonas turísticas saturadas.
Fondos europeos para formación especializada
El programa está financiado parcialmente con cargo al Plan para el desarrollo de microcredenciales universitarias, encuadrado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y sufragado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU. Esa cobertura permite reducir de manera significativa el coste de matrícula para el alumnado, un elemento que las universidades destacan como clave para democratizar el acceso a la formación de posgrado técnica.
Las microcredenciales, una figura formativa relativamente reciente en el sistema universitario español, están concebidas como certificaciones cortas que acreditan competencias específicas y que pueden acumularse a lo largo de la vida laboral. Su despliegue en Canarias a través de las dos universidades públicas se enmarca en el esfuerzo del Ejecutivo autonómico por canalizar los fondos europeos hacia capacidades técnicas vinculadas al hecho diferencial del archipiélago: la condición ultraperiférica, la insularidad y la dependencia ambiental del litoral.
Próximos pasos
La inscripción para la tercera microcredencial, dedicada a los estudios ambientales previos a la autorización de vertidos, está abierta en los portales de formación de ambas universidades. El arranque está previsto para el 25 de mayo. La continuidad del programa más allá de esta tercera edición dependerá tanto de la demanda como de la prórroga de los fondos europeos asociados al Plan de Recuperación, cuyo horizonte de ejecución se sitúa en 2026.
Más allá del calendario académico, la cuestión de fondo es la capacidad real de las administraciones canarias para traducir esa formación en una protección más efectiva del litoral. La política pública pendiente —y necesaria— es vincular estas microcredenciales a un plan de empleo verde en las islas que dé continuidad profesional a quienes se especialicen y, sobre todo, que dote a cabildos y ayuntamientos costeros del personal técnico que hoy, en demasiados casos, sigue sin existir.
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