«Los gobiernos que piden prestado sin contar lo que gastan terminan gastando sin contar lo que piden prestado». La máxima, que bien podría firmar cualquier lector de Jean-François Revel, vino ayer a la cabeza al escuchar al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, reclamar desde la tribuna del Parlamento autonómico una doble reforma al Ejecutivo central: modificar la regla de gasto y elevar el techo de endeudamiento de las comunidades autónomas del 10,8% al 13%.
La intervención, pronunciada el pasado 14 de abril, tuvo la cadencia del discurso hacendístico clásico, esa liturgia presupuestaria por la que el jefe del Ejecutivo regional convierte la tribuna en aula y a los diputados en alumnos de contabilidad pública. Pero, bajo la retórica, latía una petición concreta y medible: que Madrid afloje el corsé fiscal para que las haciendas territoriales puedan invertir más.
Conviene desbrozar el asunto. Clavijo defendió un plan inversor de 1.650 millones de euros dentro de un presupuesto autonómico que asciende a 12.400 millones, de los cuales 8.100 millones —el 65,5%— se destinan a sanidad, educación, bienestar y vivienda, con un incremento de 490 millones respecto al ejercicio anterior. Son cifras que, a nuestros lectores, les conviene retener no por su magnitud absoluta —modesta si se compara con los grandes presupuestos autonómicos peninsulares—, sino por la relación que guardan con el corsé que el presidente pretende aflojar.
Porque ahí reside el nudo gordiano. La regla de gasto, heredada de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y disciplinada por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea —hoy revisado tras el paréntesis pandémico—, limita el crecimiento del gasto computable al ritmo del PIB tendencial. Significa, traducido al román paladino, que una comunidad no puede gastar mucho más aunque recaude mucho más. Y a eso, precisamente, le puso Clavijo objeciones.
«Las medidas que podamos implementar desde las administraciones públicas no podrán absorber el impacto negativo», advirtió el presidente, en una frase que funciona a la vez como diagnóstico y como coartada. Y añadió, con la contundencia del que sabe que no habla solo por Canarias: las medidas adoptadas hasta ahora «no son suficientes, pero tampoco lo son las aprobadas por el resto de Comunidades Autónomas». Dicho de otro modo: que el problema, a juicio del inquilino del Palacio de la Presidencia, no es únicamente canario, sino sistémico.
El ángulo del endeudamiento merece atención aparte. Pasar del 10,8% al 13% en la capacidad de endeudamiento autonómico —un margen adicional de 2,2 puntos sobre el PIB regional, en la propuesta que el presidente formula al Estado— daría oxígeno financiero para acometer inversiones que hoy chocan contra el dique de la estabilidad. Es una petición razonable en términos keynesianos y, sin embargo, inquietante en términos hayekianos: endeudarse más es endeudarse mejor sólo si se invierte con acierto. La historia reciente de las comunidades autónomas españolas —Cataluña, Valencia, Murcia— nos ha enseñado que ese acierto no siempre acompaña.
La intervención parlamentaria de Clavijo, que el Gobierno canario difundió a través de la nota oficial de Presidencia, no incluyó mención explícita al Régimen Económico y Fiscal ni detalló partidas insulares concretas. Tampoco trascendieron en el comunicado oficial las réplicas de los grupos de la oposición —PSOE, Nueva Canarias-Bloque Canarista, Vox y Grupo Mixto— que habrán tenido ocasión de intervenir en el turno de debate y cuyas posiciones esta redacción seguirá en los próximos días.
Queda, sin embargo, la pregunta de fondo, la que el presidente no formuló pero sobrevuela toda su argumentación: ¿debe el Estado reescribir sus reglas fiscales para que las comunidades inviertan más, o son las comunidades las que deben reordenar su gasto dentro de las reglas vigentes? Clavijo, con prudencia de pactista curtido, sugiere lo primero. Bruselas, que desde 2024 ha reabierto la puerta a cláusulas de escape selectivas, parece dispuesta a escuchar. Madrid —el Madrid de la aritmética parlamentaria fragmentada— es otro cantar.
Sostengo, y con ello cierro, que la reforma de la regla de gasto es un debate legítimo y pertinente, pero que no exime a ninguna administración, ni la central ni la canaria, del deber elemental de rendir cuentas sobre cada euro pedido prestado. El endeudamiento es un instrumento, no un derecho. Conviene no olvidarlo justo ahora, cuando se nos invita a olvidarlo.
