«Gobernar es prever», escribió Émile de Girardin, y en materia forestal esa máxima se mide en ejercicios, no en declaraciones. Un equipo del EIRIF —el dispositivo canario de Equipos de Intervención y Refuerzo en Incendios Forestales— desplazado desde la base de El Hierro, acompañado por tres coordinadores del operativo autonómico, ha participado la pasada semana en el simulacro «FX Sierra de Gata 2026», celebrado en Robleda (Salamanca) y coordinado por el Ministerio para la Transición Ecológica.
El ejercicio recreó un escenario de incendio forestal que afectaba simultáneamente a territorios de Castilla y León y Extremadura, de modo que los dispositivos autonómicos implicados hubieran de operar bajo un mando unificado de extinción, con integración de medios aéreos y terrestres. Junto a los dos dispositivos peninsulares anfitriones participó el canario, en lo que la Consejería de Transición Ecológica presenta como una oportunidad de contrastar protocolos con administraciones que trabajan en orografías y climatologías distintas de las del archipiélago.
«La participación en este tipo de ejercicios permite seguir mejorando la preparación y la capacidad de respuesta de nuestros equipos», ha señalado el director general de Espacios Naturales y Biodiversidad del Gobierno de Canarias, Miguel Ángel Morcuende. El coordinador del EIRIF, Alexander Librán, ha añadido que los profesionales desplazados han mantenido «unas jornadas de intercambio de conocimiento con técnicos, agentes y personal de la Junta de Castilla y León».
Conviene desbrozar el asunto: el envío de un retén a un simulacro peninsular tiene un valor operativo, pero también uno estratégico. Canarias, por su condición insular y su orografía abrupta, ha sido, en los últimos años, laboratorio involuntario de incendios de sexta generación. El fuego de Tenerife de agosto de 2023, el más grave de la serie histórica autonómica, y la huella reciente de La Palma continúan en la retina de la lectoría. La tesis que suscriben los servicios de extinción europeos —y que The Economist ha subrayado en sus últimas entregas sobre el Mediterráneo— es inequívoca: los incendios forestales han dejado de ser un fenómeno estacional para convertirse en un problema estructural, y la única respuesta racional es la cooperación interterritorial permanente y el entrenamiento conjunto.
En ese marco, la participación del EIRIF en ejercicios peninsulares cumple dos funciones. La primera es técnica, y consiste en someter a prueba la interoperabilidad de los protocolos canarios con los del sistema general del Estado, pensado para grandes superficies continuas y muy distinto en su lógica logística del que impone una red de ocho islas. La segunda es política, y no conviene escamotearla a nuestros lectores: acreditar ante Madrid y ante Bruselas que el archipiélago, pese a la distancia y a los sobrecostes logísticos asociados a su condición de región ultraperiférica, es un socio fiable del dispositivo nacional, y que puede tanto pedir medios como aportarlos.
Queda, con todo, un matiz que no debería perderse de vista. Un simulacro acredita procedimiento, no suficiencia. La campaña estival se aproxima —los meses de julio, agosto y septiembre concentran históricamente la mayor parte de los grandes incendios en Canarias—, y el estado de las masas forestales de las medianías, los kilómetros de cortafuegos efectivamente ejecutados y la dotación real de personal y aeronaves disponibles en el archipiélago durante el pico de riesgo son variables que no se miden en una semana en Salamanca, sino en las actas del Consejo de Gobierno y en las comparecencias que el Parlamento debería exigir antes, y no después, de la primera columna de humo.
Mientras tanto, que los EIRIF se curtan fuera es una buena noticia. Siempre es preferible ensayar dos veces y apagar una que la secuencia inversa.
