Poli Suárez defiende su gestión en la borrasca y asegura que volvería a hacer lo mismo pese a las amenazas
Sección: política
Autor firmante: Alberto Cáceres Montesdeoca
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El consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, Poli Suárez, compareció este martes en el Parlamento con una doble agenda bajo el brazo: rendir cuentas por su gestión durante la borrasca Therese y exhibir las cifras de la implantación del primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años). Dos asuntos de naturaleza bien distinta que, sin embargo, confluyen en un mismo dilema político: el de un consejero que defiende decisiones impopulares apelando a la responsabilidad técnica y reclama, al mismo tiempo, el reconocimiento por un trabajo de gestión que la oposición considera insuficiente.
Conviene desbrozar el asunto: la comparecencia sobre Therese, solicitada tanto por el propio Suárez como por el grupo socialista, giró en torno a la polémica mañana del 24 de marzo en Gran Canaria. El consejero citó las palabras del presidente del Cabildo grancanario, Antonio Morales, según las cuales con avisos amarillos no se suspenden las clases presenciales y la intensidad de la tromba de agua fue inesperada y no prevista por la AEMET. También invocó a Federico Grillo, director técnico del Plan de Emergencias de Gran Canaria, para justificar la secuencia que generó mayor confusión: primero se envió un mensaje a los centros para la salida anticipada del alumnado y, poco después, una contraorden instando a que permanecieran en los colegios e institutos porque, con múltiples incidencias activas, era más seguro no moverse.
«Se actuó por responsabilidad y siempre a petición de los expertos en emergencias», afirmó Suárez, que pidió disculpas por el cambio de criterio pero añadió con una rotundidad que no dejaba margen a la ambigüedad: «Si mañana volviera a pasar, actuaría igual, a pesar de las amenazas». Fuentes de la Consejería precisaron que esas amenazas se refieren a mensajes recibidos por redes sociales y correos electrónicos como consecuencia de las decisiones adoptadas.
El balance que trazó el consejero no es menor: hasta seis días sin clases presenciales en las distintas islas —salvo Fuerteventura y Lanzarote— entre el 19 y el 27 de marzo, y unos daños en infraestructura educativa estimados en diez millones de euros. «Hablamos de la vida de alumnado, profesorado y personal laboral de los centros educativos. Yo no soy el que declara el color de la alerta y mi obligación es respetar lo que dicen los expertos en emergencias; nunca se toman decisiones unilaterales», insistió.
Desde las filas socialistas, el diputado Marcos Hernández rebajó el tono respecto a las críticas iniciales de «caos e improvisación», pero dejó una frase que condensa bien la objeción: «Cambiar la decisión es la peor decisión». Hernández instó a «afinar los protocolos» para evitar la repetición de episodios de incertidumbre entre familias y docentes.
Las 3.885 plazas como escudo de gestión
El segundo tramo de la jornada parlamentaria permitió a Suárez desplegar una narrativa más grata. La Consejería prevé cerrar el curso con 239 aulas del primer ciclo de Educación Infantil, equivalentes a 3.885 plazas, superando así el objetivo de 3.879 que el Ministerio de Educación fijó para Canarias y que firmó el anterior Gobierno autonómico. «Ese hito lo ha cumplido el actual con mucho sacrificio y esfuerzo», enfatizó el consejero.
Las cifras en funcionamiento hablan de 225 aulas y 3.667 plazas ya operativas, con 1.438 de las 1.656 previstas para este curso académico en marcha. Suárez subrayó que el ritmo de apertura se ha duplicado e incluso triplicado respecto a los inicios de la etapa en el curso 2022-2023, cuando se contaban 34 aulas y 593 plazas. En los dos últimos cursos se han abierto 170 aulas nuevas, frente a las 69 de los dos anteriores.
El desglose insular refleja la desigual velocidad del proceso: Gran Canaria cuenta con 89 aulas y 1.439 plazas; Tenerife, con 79 y 1.328; Lanzarote, con 25 y 405. El Hierro y La Gomera han sido las primeras islas en completar la implantación, con siete aulas cada una. La Palma, con seis aulas y un centenar de plazas, queda aún lejos de su objetivo de diez.
La oposición —Nueva Canarias-Bloque Canarista, PSOE y Vox— coincidió en señalar un déficit de 7.000 plazas respecto a la media nacional y en calificar de lenta la implantación. Es el contrapunto inevitable: lo que el Gobierno presenta como un hito cumplido, la oposición lo lee como un mínimo insuficiente.
Suárez sale del Parlamento con dos relatos paralelos: el del responsable que asumió decisiones difíciles durante una emergencia y el del gestor que exhibe números. Que ambos resulten convincentes dependerá menos de la retórica parlamentaria que de lo que ocurra en la próxima borrasca y en las listas de espera de las familias canarias.
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Decisión: editada-por-mi
Nivel: menor
Correcciones aplicadas:
1. Título: restituidos los acentos (gestión, volvería, Suárez).
2. «Aemet» → «AEMET» (acrónimo; siempre en versalitas o mayúsculas).
3. Cita directa de Suárez: añadida coma tras «pasar» («Si mañana volviera a pasar, actuaría igual…»).
4. Penúltimo párrafo del bloque Therese: sustituido punto y coma por punto y coma donde el original usaba coma antes de «nunca se toman decisiones unilaterales», para marcar mejor el cambio de idea dentro de la cita.
Nota general: La pieza está limpia. Voz de Alberto Cáceres reconocible —«Conviene desbrozar el asunto», subordinadas largas, cierre sentencioso sin exceso—. Fuentes correctamente atribuidas (Suárez, Morales, Grillo, Hernández, fuentes de la Consejería). Equilibrio entre gobierno y oposición. Sin riesgos legales. Pasa a fact-check.
