El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, reclamó este martes en el Parlamento autonómico que el Estado español y la Comisión Europea revisen las reglas de gasto y flexibilicen la capacidad de endeudamiento de las comunidades autónomas, en una comparecencia convocada para analizar las consecuencias económicas de la crisis abierta por la guerra en Irán. El jefe del Ejecutivo regional cifró en 1.650 millones de euros el plan de inversión que el Archipiélago podría desplegar si se corrigiera el corsé fiscal vigente.
Conviene desbrozar el asunto: la regla de gasto —incorporada al ordenamiento español a raíz de la reforma del artículo 135 de la Constitución y de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria de 2012— limita el crecimiento del gasto computable de las administraciones a la tasa de referencia de crecimiento a medio plazo, mientras que el techo de endeudamiento, fijado anualmente por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, marca el tope del desequilibrio financiero autorizado. Clavijo propuso elevar ese techo del 10,8% actual al 13%, un margen que, según sostuvo, permitiría a Canarias acometer inversiones estructurales sin comprometer la solvencia.
«Las medidas que podamos implementar desde las administraciones públicas no podrán absorber el impacto negativo de la subida de los combustibles», advirtió el presidente, en referencia al encarecimiento del crudo derivado del conflicto en Oriente Próximo, un golpe especialmente gravoso para una economía ultraperiférica cuya movilidad interinsular y cuyo abastecimiento energético dependen de manera estructural del barril. La singularidad del hecho diferencial canario —amparada en el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea— fue el argumento nuclear esgrimido ante la Cámara para reclamar un tratamiento diferenciado por parte de Bruselas.
Clavijo recordó que los presupuestos autonómicos de este ejercicio alcanzan los 12.400 millones de euros, 490 millones más que el año anterior, y que 8.100 millones —el 65,5% del total— se destinan a sanidad, educación, bienestar social y vivienda. El presidente defendió que el margen fiscal adicional iría dirigido precisamente a reforzar esas partidas y a desatascar las inversiones pendientes en transporte e infraestructuras, capítulos que concentran las demandas más reiteradas de los grupos parlamentarios en los últimos plenos.
El presidente aprovechó la comparecencia para cargar contra la gestión aeroportuaria y denunció que el Estado «está sometido a los intereses privados de los accionistas de AENA», que, a su juicio, destinan los beneficios generados en las terminales canarias «no a los aeropuertos de la red española, sino a especular en otros países». La alusión —inusualmente dura en boca de un presidente de Coalición Canaria integrado en un pacto de gobierno con el Partido Popular— sitúa la política aeroportuaria en primera línea de la agenda reivindicativa que el Ejecutivo canario trasladará en los próximos meses a la Moncloa.
La petición de Clavijo se inscribe en un debate europeo más amplio sobre la revisión del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, reformado en 2024 para flexibilizar las sendas de ajuste en favor de la inversión productiva y de la transición verde y digital. El Gobierno de Canarias aspira, según trasladó su presidente, a que esa flexibilidad llegue también a las haciendas territoriales, un extremo que exige la concurrencia tanto del Ministerio de Hacienda como del propio Consejo Europeo.
La intervención parlamentaria no lleva aparejada, por el momento, ninguna iniciativa legislativa concreta ni un calendario formal de negociación con el Estado. Habrá que esperar, en consecuencia, al próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera para calibrar si la reclamación canaria encuentra eco en el resto de comunidades o queda reducida a un ejercicio retórico de presión política.
