La Caldera sigue ahí, inmutable, y sin embargo la economía palmera sigue respirando por la herida del Tajogaite. Esa es la imagen con la que la consejera de Promoción Económica del Cabildo de La Palma, Miriam Perestelo, compareció este martes en la Comisión General de Cabildos Insulares del Parlamento de Canarias para exigir que el Decreto Ley 3/2026 —la respuesta del Gobierno autonómico al impacto económico de la crisis en Oriente Medio— se aplique con bisturí y no con brocha gorda.
Perestelo pidió una aplicación «sensible y diferenciada» del decreto y defendió que las ayudas prioricen a las islas que cargan con triple insularidad. «Canarias no es una realidad uniforme», advirtió en una intervención que cruzó la actualidad internacional con la mochila particular que todavía arrastra la isla bonita. La consejera insistió en que la equidad entre territorios no se resuelve repartiendo a partes iguales: «La igualdad en Canarias no consiste en repartir igual».
El hilo conductor de su discurso fue el recordatorio, incómodo y necesario, de que el reloj palmero no corre como el del resto del archipiélago. A las tensiones energéticas y logísticas derivadas del conflicto en Oriente Medio se suma una reconstrucción volcánica que para muchas familias y explotaciones agrarias sigue abierta. Perestelo fue especialmente dura al revisar la relación con el Estado: «La Palma ha sufrido una parálisis por parte del Estado», afirmó, en alusión a los fondos comprometidos tras la erupción del Tajogaite que, cuatro años y medio después, siguen generando quejas en la isla.
De ahí la segunda exigencia que La Palma trasladó al Parlamento: la exoneración de las reglas fiscales que hoy mantienen bloqueados recursos municipales e insulares. La consejera calificó esa rigidez contable como una medida «sin sentido económico y moral» en un territorio que todavía está costeando la reconstrucción de sus pueblos del valle de Aridane y que ahora debe absorber también el encarecimiento del gasóleo agrícola, del transporte y de los insumos ganaderos. En las islas pequeñas, ese céntimo de más no es un detalle macroeconómico: es el margen entre cerrar o seguir abriendo la finca al amanecer.
La Gomera, en la misma trinchera
En la misma comisión intervino Adasat Reyes, vicepresidente primero y consejero insular de Régimen Interior y Patrimonio Insular del Cabildo de La Gomera, que respaldó el decreto pero reclamó garantías para la financiación de las corporaciones insulares. Reyes definió el momento con sobriedad —»la situación que da origen a este decreto ley es compleja y preocupante»— y advirtió de que la rebaja temporal de tipos tributarios, aunque justificada, puede tener un efecto colateral en las arcas de los cabildos: «Estamos ante una afección indirecta, pero con implicaciones reales sobre nuestra capacidad financiera».
El representante gomero reivindicó la mirada cercana de las islas no capitalinas, donde el día a día de la doble y triple insularidad no es un concepto jurídico sino una factura. «No estamos ante una situación estructural ordinaria, sino ante un escenario cambiante que exige cierta agilidad», argumentó, antes de cerrar apelando a la institucionalidad: «En momentos como este, lo importante es que las instituciones transmitamos estabilidad y responsabilidad».
El eco conejero y majorero
Aunque la comparecencia de este martes se escribió en clave palmera y gomera, el mensaje resuena también en las islas orientales. Estas islas no se entienden sin el hecho diferencial de su lejanía dentro de la propia lejanía, y cada decreto que se firma en Santa Cruz o en Madrid termina filtrándose, con matices, por los aljibes, los puertos y los aeropuertos de los siete territorios. La petición de Perestelo y Reyes —que Canarias se mire por dentro antes de repartir— es vieja en la memoria colectiva insular. Lo que cambia, en 2026, es que esa memoria arrastra cenizas todavía tibias.
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