Una mujer embarazada llega a Urgencias en Fuerteventura tras horas en cayuco. Solo habla wolof. Un menor solo, agotado y deshidratado, intenta explicar en bambara qué le duele. Una solicitante de asilo paquistaní comparece ante el juez sin entender una palabra en castellano. Son escenas cotidianas en la primera línea de la ruta atlántica y, sin embargo, durante años, las y los profesionales que las atienden han tenido que improvisar: tirar de un compañero migrante que entienda algo, de aplicaciones de traducción automática o, simplemente, del lenguaje de señas y la paciencia.
Ese vacío es el que las dos universidades públicas canarias intentan ahora cubrir. La Universidad de La Laguna (ULL) y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) han puesto en marcha un programa de microcredenciales universitarias en interpretación para contextos de atención humanitaria, orientado a formar intérpretes de enlace capaces de actuar en dispositivos de acogida, atención sanitaria, asistencia jurídica y emergencias. Las lenguas incluidas son precisamente las de la ruta: wolof, bambara, soninké, hassanía, árabe, urdu y punyabí, entre otras.
La iniciativa parte del Máster en Interpretación de Conferencias y de los departamentos de Filología Francesa y Filología Inglesa de la ULL, junto a la Facultad de Traducción e Interpretación de la ULPGC. Se estructura en dos módulos: uno de competencias básicas de interpretación en situaciones de crisis humanitaria y otro de prácticas en contextos reales. En el diseño y la docencia participan profesionales de los ámbitos humanitario, jurídico, policial y sanitario.
El programa cuenta con financiación mayoritaria del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – NextGenerationEU, a través del Plan de Microcredenciales gestionado por el Gobierno central y canalizado en el archipiélago por la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias. En la implementación colaboran cuatro de las organizaciones que mejor conocen la atención a personas migrantes y refugiadas en el archipiélago: ACNUR, ACCEM, Cruz Roja y CEAR.
Según comunican ambas universidades, el programa responde a una «necesidad urgente»: contar con profesionales capacitados para la interpretación de enlace en contextos de alta vulnerabilidad, frente a la práctica habitual de recurrir a intérpretes ad hoc y mediadores sin formación específica. ULL y ULPGC sostienen que, con esta apuesta, consolidan su papel como agentes activos de su entorno social y contribuyen a una respuesta «más inclusiva, eficaz y humanizada» en la atención a las personas migrantes.
La pregunta, sin embargo, queda flotando. Canarias lleva más de una década siendo puerta sur de Europa. El año pasado el archipiélago volvió a encabezar las llegadas marítimas a España, y los CATE, los centros de menores tutelados, los servicios de Urgencias y los juzgados de guardia han funcionado todo este tiempo sin una bolsa estable de intérpretes formados en las lenguas mayoritarias de la ruta. Que sean ahora las dos universidades públicas —con fondos europeos finalistas y a través de microcredenciales— quienes vengan a tapar ese hueco habla menos de su capacidad de iniciativa, que también, que del tamaño exacto del vacío que ha dejado el Estado.
La interpretación en estos contextos no es una comodidad lingüística. Es la diferencia entre que una víctima de trata pueda identificarse como tal o pase desapercibida en una entrevista de filiación; entre que una mujer entienda qué le están diagnosticando o firme un consentimiento informado que no comprende; entre que un menor pueda explicar su edad real y su procedencia o quede atrapado en un protocolo equivocado. Lo recuerdan desde hace años ACNUR, CEAR y Cruz Roja, las mismas que ahora se sientan en el diseño del programa.
Las microcredenciales arrancan con vocación de continuidad. Habrá que ver cuántas y cuántos profesionales acaba certificando el programa, cuántas se incorporan efectivamente a los dispositivos de acogida y emergencias y, sobre todo, si la financiación sobrevive al horizonte de los fondos europeos. Porque la ruta atlántica, las llegadas y la necesidad de una persona que traduzca el dolor en una sala de Urgencias no terminan en 2026.
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